La racionalidad de la grieta: Una crítica estructural

 

La economía peruana no se sostiene sobre la formalidad empresarial ni sobre la estabilidad monetaria; se sostiene, a pesar de ellas, sobre una estructura de autogestión invisible para el Estado. La narrativa económica ortodoxa insiste en clasificar a la informalidad como un residuo accidental o una patología sistémica. Tras años de trabajo interdisciplinario y gestión cultural, afirmo lo contrario: es la racionalidad productiva que mantiene al país operativo.

Mi práctica artística e investigativa en Perú me ha permitido constatar que la reproducción económica del Perú descansa sobre redes comunitarias que generan valor y sostienen la vida cotidiana fuera del control estatal. Esta capacidad de autogestión no es desorden; es una arquitectura social que opera bajo sus propias reglas, una lógica que excede la miopía de la burocracia actual.

La evidencia teórica y práctica respalda esta tesis:

1.      Desde la praxis relacional: Mi investigación sobre la Práxis de la Plenitud Relacional (Kawsay) demuestra que no estamos ante una abstracción, sino ante una resolución técnica y ética frente a la clausura de los sistemas rígidos. La interacción humana se reorganiza en torno al bienestar común precisamente cuando el Estado falla en proveerlo (Torres Mamani, 2026).

2.      Desde la gobernanza institucional: Este fenómeno se explica perfectamente mediante la gobernanza de los bienes comunes de Elinor Ostrom (1990). La informalidad no es ausencia de orden, sino la presencia de otras instituciones —reglas de reciprocidad, control colectivo y autogestión— que la teoría económica dominante es incapaz de procesar por su sesgo antropocéntrico.

La insistencia en una formalización indiscriminada no es desarrollo; es un riesgo estructural. Es la intervención de un sistema que, por desconocimiento, amenaza con destruir la única red de sostenibilidad real que funciona en nuestras regiones.

El problema no es la informalidad; es el diseño estatal que ha quedado obsoleto. La cuestión ya no es si el Estado debe "tolerar" a la economía popular, sino hasta cuándo seguirá ignorando que el país funciona mediante lógicas de autogestión que no caben en sus categorías tradicionales.